De momento, en lo que todos están de acuerdo es en la bajada de los precios.

Estallada o no la burbuja, el Gobierno prevé aprobar un decreto que permite a las entidades financieras tasar de nuevo las viviendas ya hipotecadas.

El ciudadano puede encontrarse así con que el valor real de su casa ha bajado y el banco puede exigirle como aval otros bienes.

El desequilibrio que azota al mercado inmobiliario español ha llevado al Gobierno a elaborar un decreto para proteger al sistema financiero nacional. Entre otras cosas, este decreto abarata las concesiones y los cambios de hipotecas, ventaja innegable para los ciudadanos.

Sin embargo, dicho decreto permite a bancos y cajas tasar las viviendas ya hipotecadas en función de los estudios de mercado.

Si la nueva tasación establece que el precio del inmueble ha bajado un 20 por ciento, el hipotecado tiene tres opciones antes de que la entidad financiera le embargue la casa.

Puede directamente cancelar la hipoteca, pagar en el plazo de dos meses la diferencia o hipotecar otros bienes que no se deterioren ni pierdan su valor, como le ocurriría a un coche.

Desde ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas, explican que no es lógico que “un sistema financiero que durante tantos años ha tenido un negocio boyante, se escude en una norma así para garantizarse el cobro del valor real de lo que han prestado”. Los analistas consideran que deberían buscarse otros mecanismos de garantía de un mercado inmobiliario como el español, que es de los más robustos.

Este decreto, que desarrolla lo ya establecido en la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario de 1981, fue aprobado el pasado 11 de marzo. Hasta el 25 de abril se encuentra en periodo público de alegaciones. Pasada esta fecha el Ministerio de Economía lo ratificará.